El director de la entidad, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, advirtió además que serán procesados judicialmente los dominicanos que contraten o alquilen viviendas a personas indocumentadas, al considerar que esa práctica facilita la inmigración irregular.

La cifra de 800 mil deportaciones en dos años no tiene precedente en la historia migratoria dominicana y refleja el endurecimiento sostenido de la política migratoria del Estado, con operativos permanentes en barrios, construcciones y ahora en el campo.

Organizaciones de derechos humanos han insistido en que estos procesos deben respetar el debido proceso y la dignidad de las personas, un equilibrio que el Estado está obligado a garantizar incluso en el marco de una política firme de control fronterizo.

El debate migratorio sigue siendo uno de los más sensibles del país. Lo que está claro es que la presión sobre los sectores que emplean mano de obra irregular apenas comienza.

Fuentes: Dirección General de Migración, Reporte Extra.