El Gobierno publicó el borrador del reglamento que aplicará el 10% a las ganancias por venta de inmuebles. Define la "vivienda habitual", regula la reinversión y persigue las donaciones simuladas.
Pero el texto deja sin resolver la pregunta central: ¿cómo se calcula la ganancia gravada?

El proyecto, de 40 artículos y abierto a comentarios hasta el 11 de noviembre, desarrolla la Ley 30-26 (junio de 2026), cuyo artículo 14 introdujo el impuesto del 10% —pago único y definitivo— sobre las ganancias de capital en ventas de inmuebles de personas físicas.

Lo que aclara: la vivienda habitual queda definida como residencia efectiva, permanente y de ocupación continua, con criterios objetivos (RNC, título, servicios básicos, tres años de habitación). La exención por reinversión es clara: todo lo obtenido por la venta, reinvertido en otra vivienda habitual en seis meses, exime el impuesto; la reinversión parcial exime proporcionalmente. Los mayores de 65 años quedan exentos. Y se cierra la puerta a las elusiones: opciones de compra, promesas de venta y preventas en planos no califican como reinversión.

Lo que endurece: las transferencias entre familiares bajo la figura de donación serán recalificadas como compraventas si aparecen indicios —pago verificable, financiamiento de terceros, información inconsistente ante bancos, precio de mercado en los documentos o movimientos entre las partes en los 12 meses anteriores o posteriores—. La consecuencia: Impuesto Sobre la Renta por ganancia de capital más recargos e intereses moratorios. Ni la declaración jurada ni el acto notarial bastan por sí solos para desvirtuar los indicios.

Lo que deja en el aire: el artículo 296-1 no establece el método para determinar la ganancia sobre la que se aplica el 10%, y ninguno de los 40 artículos del proyecto lo regula. El artículo 40 delega en la DGII las normas operativas. Es decir: el impuesto existe, la tasa existe, pero la base imponible queda pendiente de una norma posterior. Para un tributo que afecta el patrimonio de las familias, esa indefinición es un problema serio.

También hay un desfase: la ley no menciona el impuesto de transferencia del 3% que el proyecto exige como condición para validar la reinversión.

Dato clave: el borrador está en consulta pública hasta el 11 de noviembre. Contribuyentes, gremios y abogados tributarios tienen un mes para señalar estos vacíos antes de que el texto sea definitivo. Seguiremos el proceso.

Fuente: proyecto de reglamento de la Ley 30-26; información de medios nacionales.